A pesar de las diferencias internas en el Gobierno español y del dictamen contrario del Consejo de Estado, Zapatero y su ministro de Industria, Miguel Sebastián, han dado un nuevo golpe a Prisa y han privilegiado a sus amigos de Mediapro, con la aprobación por el Consejo de Ministros de un decreto para regular la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago. El primero de beneficiarse de la medida será el grupo audiovisual Mediapro, que fue el primero en solicitarlo y que emitirá la Liga, la Copa y la Champions por el canal Gol TV. La mayoría de descodificadores se deberán cambiar para poder funcionar con el nuevo sistema de la TDT de pago.

La aprobación de la TDT de pago, es decir, de la competencia directa de la única plataforma de pago existente hasta ahora en España, puede ser el toque de gracia para el grupo Prisa, que anunció la semana pasada la ruptura de las negociaciones con Mediapro.

La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández De la Vega, ha dicho que la TDT de pago servirá para "establecer la igualdad de condiciones" en el sector audiovisual. De la Vega ha calificado la medida de "urgente y necesaria", y ha remarcado que abrirá nuevas posibilidades de negocio para las televisiones y ampliará la oferta para los espectadores.

La TDT de pago no cuenta con el consenso del sector audiovisual, ya que mientras La Sexta (Mediapro) se muestra favorable a su implantación, Sogecable (Prisa) considera que supondrá una transformación del actual modelo de explotación de las televisiones privadas.

Gol TV se convertirá así en el principal rival de Sogecable y su nuevo Canal + Liga. El primero costaría, según lo que dijo hace meses Jaume Roures, el primer ejecutivo de Mediapro, unos 17 euros al mes, y el canal de Prisa, 15 euros. La oferta de ambos en fútbol español sería prácticamente idéntica. La ventaja de Gol TV es que también ofrecería los partidos de varias ligas extranjeras.

El dictamen sobre el asunto que emitió el Consejo de Estado indica que en estos momentos la regulación por decreto de la TDT de pago no tiene fundamento legal suficiente, vulnera la legislación de contratos con la administración, es precipitada, no responde a el interés general y no está justificada por causas imprevistas o por nuevas necesidades en el sector audiovisual. Por ello, concluye: "No procede elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de real decreto por el que se regula la televisión digital terrestre de pago".